Fernando Moyano

Fortalezas y debilidades en la lucha contra la impunidad

SURda

El polvorín

 

En los últimos días hemos visto reaparecer en escena el tema de la ANULACIÓN DE LA LEY DE IMPUNIDAD. Al punto que Lacalle se ha manifestado favorable a su "derogación" (eliminar sus efectos hacia el futuro pero dejar firme su efecto pasado).
No entraremos en el lío jurídico de las dos bibliotecas y el detalle menor. Creemos que, por más claro y veraz que se sea en este tema como efectivamente lo fue en su momento la Coordinadora Nal. x la Nulidad de la ley, es un error enfrascarse en un terreno que la gran mayoría de la gente le resulta poco comprensible. Uno de los factores que incidió en la insuficiencia de la votación del 25 de octubre fue -resulta evidente- la falta de información y tal vez la falta de motivación de los votantes. Es muy arduo penetrar en las capas más desinformadas y desmotivadas de la población, luchando contra factores estructurales que van destruyendo día a día nuestra cultura y el entretejido de una sociedad sana. No hagamos entonces las cosas más difíciles exagerando demasiado los aspectos jurídicos y formales. Además, en este caso eso no es necesario. La gran fuerza de este tema está en su significado político y ético. Aquí la táctica es CORTAR GRUESO.
La insuficiencia de la votación de octubre, no permitió la anulación formal de la ley - ya nula de por sí - por el mecanismo de la REFORMA CONSTITUCIONAL, el ÚNICO que quedaba a nuestro alcance, dada la defección vergonzosa del parlamento. Esto trajo un estado de DESÁNIMO lógico y comprensible entre nosotros. No estoy de acuerdo, sin embargo, con el tono DERROTISTA con que se hace el balance.
En el aspecto POLÍTICO, la ley de impunidad FUE DERROTADA el 25 de octubre. 
La MAYORÍA votó contra la ley. Dos minorías sumadas, la de los que hubiesen votado por mantener la ley SI HUBIESE HABIDO PAPELETA POR EL NO, y la de los igual no hubiesen votado ninguna de las dos opciones, sea por desinformación, confusión o desinterés, se sumaron en una AUSENCIA DE VOTO POR SÍ. No es posible discriminar en esa masa de votantes, cuales son unos y cuales son otros.
El mecanismo de Reforma Constitucional para remover la ley no pudo ser activado, aplicando la normativa vigente. Sostenemos que esa normativa, basada en el voto obligatorio y el castigo al no voto, es antidemocrática. Pero como sea, no pudo ser activado, perdimos, punto. Pero eso se refiere exclusivamente al recurso formal de anulación, y a nada más.
El conocido constitucionalista del FA José Korzeniak dice que el parlamento no puede anular ni derogar la ley porque  "la mayoría de la ciudadanía votó para que la ley permaneciera" ( véase: http://www.larepublica.com.uy/politica/403997-korzeniak-el-parlamento-no-puede-derogar-ni-anular-la-ley-de-caducidad ).
En 1989 hubo dos papeletas contrapuestas, la amarilla (NO) le ganó a la verde (SI). También entonces era necesario llegar al 50% + 1 y no se pudo, tampoco en ese caso el votante por NO votó "a favor de la ley" sino en contra de un recurso concreto y nada más. Pero más allá del tema formal, es cierto que el NO le ganó al SÍ, y sufrimos una derrota política. Por eso entre otras cosas, el tema quedó aplastado durante años. 
Hoy las cosas son diferentes. De esa derrota, con gran esfuerzo, nos recuperamos. Y planteamos el tema nuevamente. Hay compañeros que dicen que eso fue un error. No estoy en absoluto de acuerdo, sostengo que hicimos lo correcto. Pero dejaré ese punto para otro momento para no complicarla aquí.
Uruguay enfrenta ahora una inminente condena internacional por no haber anulado la ley, y TAL VEZ el parlamento busque una escapatoria. Pero NO ES DIGNO que el pueblo uruguayo espere cruzado de brazos a que la presión por la justicia venga desde afuera, porque ese "afuera" no es otra cosa que el resultado de la lucha consecuente de OTROS PUEBLOS HERMANOS, y es una vergüenza descansarse en la lucha de los otros por temor a ser DERROTADOS si luchamos nosotros. Al pelear nuevamente, el pueblo uruguayo asumió una posición digna, más allá de los resultados.
No así el parlamento. Si es una vergüenza que Uruguay sea condenado en la ONU por mantener la ley de impunidad, más vergonzosos aún son los planteos de derogarla o anularla... ¡para evitar ser condenados! Es de una cobardía moral inaudita. Debemos estar MUY ALERTAS contra posibles maniobras para mantener la impunidad con una apariencia de remover la ley, pues de un parlamento cobarde no esperamos nada bueno. Por supuesto que si al fin de cuentas los parlamentarios, sea por los motivos que fuese, anulan EFECTIVAMENTE la ley, estaremos de acuerdo con ese hecho concreto. Por más que nos resulte absolutamente despreciable la actitud de mantener todo este tiempo una ley infame, y removerla solamente para evitar una sanción internacional.
En el plebiscito reciente, nuestros enemigos recurrieron a una maniobra confusionista: no poner papeleta por el NO. Eso lo hizo la Corte Electoral incluso VIOLANDO LA LEGISLACIÓN VIGENTE que establece que hay que poner dos papeletas. Fue una jugada tramposa, para que no se pudiese distinguir entre el voto por NO y el no-voto, que son cosas muy  distintas.  Esa maniobra confusionista tenía un fin: sostener la falacia de que "la mayoría de la ciudadanía votó para que la ley permaneciera". 
Pero no se puede sacrificar una pieza por necesidad de maniobra y después querer jugarla como si se la conservase. La "pieza sacrificada" fue la papeleta por el NO. 
S i el argumento ya era falaz en 1989, es TOTALMENTE INSOSTENIBLE AHORA. No hubo papeleta por el NO, por lo tanto no se puede sostener que "la mayoría" votó por esa opción, porque no existió.
Lo más que puede decirse es que EL RECURSO CONCRETO de reforma constitucional no fue aprobado, pero NADA PERMITE inferir de allí que la mayoría votó por sostener la ley. Todo lo contrario, es muy evidente que la MAYORÍA votó contra la ley, y eso es un triunfo político.  Con un 48% de votos por sí, por pequeño que sea el margen razonable de no-votos que se estime es evidente que el posible voto por mantener la ley hubiese sido MINORITARIO (si hubiese existido, porque en realidad no existió), y así lo señalaban las encuestas previas de intención de voto. 
El 25 de octubre se sacó un 48% y se requería el 50% + 1, por lo tanto en cuanto al recurso constitucional concreto PERDIMOS. Y en cuanto al tema político de fondo, si se está contra de la ley de caducidad o no, el resultado fue a favor nuestro, 48 a 0. Un triunfo político que aún no ha podido concretarse, que sigue pendiente, debido a todas las jugarretas que nos hicieron y nos hacen. Pero en ese tema de fondo, en la lucha por la conciencia de la gente, no hubo una derrota.
Es en virtud de ese triunfo político que esta falsa derrota, este TRIUNFO ESTAFADO por las trampas de la legislación antidemocrática y la trampa de la VIOLACIÓN de esa misma legislación ADEMÁS, no ha logrado aplastar esta vez la lucha contra la impunidad. Nos recuperaremos, ya nos recuperamos en gran parte, de este revés sufrido. No fueron necesarios largos años esta vez.
El que Korzeniak deba "sacar carpeta" y recurrir al pobre y desprestigiado ARGUMENTO DE  AUTORIDAD   ( "Yo enseño hace 40 años en la Facultad de Derecho" , "es una opinión técnica y no emocional" , etc.) para seguir sosteniendo su posición falaz, demuestra su falta de argumentos reales. El argumento de autoridad es el argumento de los que no tienen argumentos. 
Varias cosas queremos decir sobre el tema del mecanismo de amnistía encubierta propuesto por Mujica, la excarcelación de los pocos genocidas presos. Pero este también, debido lo delicado de algunos de sus aspectos, debería ser tema de otra nota. Quiero ahora en cambio destacar un punto diferente.
NO ES CIERTO QUE LA JUSTICIA NO PUEDA ACTUAR PARA ESCLARECER LA VERDAD. 
Si diésemos crédito al argumento pueril de que el criminal no confiesa su crimen y que el único camino hacia la verdad es la palabra del propio criminal, NUNCA podría encontrarse la verdad en ningún caso, jamás podría hacerse justicia en nada. Los mecanismos judiciales normales tienen numerosas formas de establecer la verdad, y no hablamos de torturas ni nada de eso. 
POR SUPUESTO que criminales a los cuales se los preserva en cárceles "vip" para que no sean extraditados hacia cárceles comunes y corrientes en otros países, a quienes se les concede incluso la posibilidad de seguir haciendo apología del delito por Internet desde la propia "cárcel", o se les permite ir al Hospital Militar sin custodia en virtud de su "honor" para que se fuguen como el caso de Gilberto Vázquez, a quienes se les pide que ellos aporten la verdad como ÚNICA OPCIÓN, y además se les cree sus mentiras, no estarán muy motivados a decir la verdad. Más aún si los archivos de documentos sobre los hechos delictivos son escondidos por las propias autoridades, y la propia ex-ministra de "defensa" sostiene A PRIORI y PREJUZGANDO que sería muy difícil encontrar testigos confiables... ¡mientras confía en el testimonio de los propios criminales!
Criminales a los que se los envalentona y estimula para que PERSISTAN en sus actitudes de ocultamiento de la verdad mientras se discute abiertamente qué tantas concesiones y privilegios se les llegará a dar, no van a adelantarse a hablar , más que tontos tendrían que ser. Pero eso es el resultado de la actitud de las propias autoridades, comenzando por el presidente, una actividad sistemática de estímulo del delito recalcitrante.
Cae de su peso que de lo que se trata es, en todo caso, de legislar para DOTAR al Poder Judicial de mecanismos mejores y más fuertes para investigar la verdad, y no para quitárselos. Los mecanismos ya existentes permiten hallar la verdad en muchos casos de delitos comunes en que los que los cometen no están amparados por privilegios especiales. Para empezar, entonces, hay que quitarles a estos genocidas sus privilegios indebidos. UNA SEMANITA EN EL COMCAR Y VAN A CANTAR MEJOR QUE GARDEL. Y si esas condiciones carcelarias son inhumanas, que lo son, y si tanto preocupan a las autoridades, que está bien que se preocupen por ello, que se cumpla lo de TODOS IGUALES ANTE LA LEY incluso en las dificultades, incluso en las precariedades. Que el Poder Ejecutivo deje de sabotear la acción de la justicia. 
Hasta ahora, el concepto de VERDAD Y JUSTICIA suponía lo siguiente: conocer la verdad permitirá hacer justicia. Luego comenzó a desarrollarse una teoría muy retrógrada y perniciosa (de la cual parte de los impulsores de la campaña de anulación se hicieron eco, lamentablemente) de RENUNCIAR a la justicia y conformarse con la verdad, e incluso la teoría más indigna todavía de "la verdad posible". Los hechos han demostrado cabalmente que así no se llega siquiera a la verdad. Así es imposible.
JUSTICIA PARA LA VERDAD, es la consigna necesaria de esta etapa.

Fuente: http://elpolvorin.over-blog.es/article-uruguay-fortalezas-y-debilidades-en-la-lucha-contra-la-impunidad-47359074.html